Todos los años, por estas fechas, el Gobierno regional aprueba el correspondiente proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (popularmente conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos) donde introduce toda una serie de modificaciones, completamente ajenas a la aplicación presupuestaria, pero con grave repercusión en el medio ambiente.
Este año le ha tocado el turno a los espacios naturales más emblemáticos y con mayor grado de protección como son las vías pecuarias, los montes de utilidad pública y todos los espacios protegidos de la región.
La declaración del polémico Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama ha sido una magnífica excusa para derogar el Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara y modificar los límites del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (PRCAM). Se trata de los dos espacios protegidos más antiguos de Madrid y, por ello, con una normativa más proteccionista. Ambos han quedado parcialmente incluidos en el Parque Nacional. En Peñalara han quedado fuera cuarenta hectáreas, pertenecientes a la Sociedad Belga de los Pinares El Paular, en el municipio de Rascafría.
El proyecto de Ley de Medidas Fiscales integra estas cuarenta hectáreas en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (PRCAM), aunque no tienen nada que ver con este espacio. Esta decisión resulta arbitraria, dado que se trata de una isla situada a varios kilómetros del PRCAM. Pero es que además hidrográficamente pertenece a la cuenca del Lozoya, no a la cuenca del Manzanares donde se pretende incluir. Por otra parte este terreno forma parte de un monte de titularidad privada con una superficie total de dos mil hectáreas cuya unidad de gestión, actualmente bajo la tutela del Parque Natural de Peñalara, quedará dividida en dos partes; una pequeña al noroeste de cuarenta hectáreas integrada en el PRCAM y otra de 1.960 hectáreas que a día de hoy se desconoce quien lo gestionará. Hay que tener en cuenta que este pinar alberga la mayor colonia de buitre negro de la región, una especie catalogada en peligro de extinción.
Se crea así, por primera vez, el Parque Regional "discontinuo" de la Cuenca Alta del Manzanares, en el que además, se elimina la figura del Director-Conservador, que hasta ahora era el responsable de su gestión.
Por otra parte el proyecto de Ley, permitirá toda una serie de usos, actividades y construcciones en los espacios protegidos, dejando a salvo simplemente las zonas de máxima protección que en todos los casos son minoritarias. Esta permisividad equipara los espacios protegidos con el resto del territorio, dejando sin efecto la zonificación actual y la regulación de usos actuales. Estas medidas van en contra de la protección de estos espacios, sin embargo beneficiarán a multitud de construcciones ilegales y de propietarios privados que ven abrirse todo un abanico de posibilidades económicas, incompatibles, hasta ahora con los objetivos de conservación.
En relación a las vías pecuarias, el proyecto de Ley permite las ocupaciones temporales por interés particular. Hasta ahora sólo se permiten ocupaciones de interés público (conducciones de gas, eléctricas, etc). Así cualquier particular que quiera realizar acometidas para su propiedad privada podrá hacerlo. Esta medida es ajena completamente a la conservación de estos caminos históricos de dominio público que en la región han sido muy maltratados habiéndose perdido más del 38% de la red de vías pecuarias, 1.600 kilómetros.
En cuanto a los montes de utilidad pública, se trata de aquellos exceptuados de las desamortizaciones del siglo XIX, precisamente por su función social. En la Comunidad de Madrid existen 214 de estos montes que suman una superficie de 94.112 hectáreas. Lo que el proyecto de Ley permite es incrementar el plazo máximo de ocupaciones temporales de interés particular, hasta ahora establecido en 15 años que pasaría a 30 años en caso de no incluir construcciones, o de 75 si las incluyen. En la practica lo que se va a favorecer es la ocupación permanente de montes públicos por particulares. Esta medida beneficiará por ejemplo la ocupación de restaurantes, hoteles equipamientos privados o cualquier tipo de instalación ajena al monte.
Los representantes ecologistas en el Consejo de Medio Ambiente, Mª Ángeles Nieto (Ecologistas en Acción) y Raúl Urquiaga (GRAMA) han vuelto a requerir al Consejero de Medio Ambiente Borja Sasola (es la segunda vez en un mes) que convoque éste órgano para explicar estas medidas antiambientales. Para Nieto y Urquiaga, las modificaciones de la normativa ambiental que incluye el proyecto de Ley de Medidas Fiscales "son un mazazo para la conservación de los espacios naturales más sensibles de la región y piden a Sarasola que deje de esconderse y explique las razones por las que está desmantelando la protección ambiental en la región"., en el que se elimina la figura del Director-Conservador. Los representantes ecologistas en el Consejo de Medio Ambiente reclaman que se convoque a este órgano para explicar las medidas antiambientales. Es la segunda vez que se dirigen al consejero Borja Sarasola con esta petición.
Para firmar y difundir https://oiga.me/campaigns/paremos-la-ley-mazazo
